Pliego de cargos a exdirector del Área Metropolitana de Cúcuta por irregularidades en obras escolares

La Procuraduría Regional ha formulado un pliego de cargos disciplinarios contra Miguel Peñaranda, exdirector del Área Metropolitana de Cúcuta, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de construcción de baterías sanitarias en colegios y escuelas públicas de la ciudad. Las obras estaban a cargo del Consorcio Edusanitaria NOS, en el marco del convenio entre la Alcaldía de Cúcuta y el Área Metropolitana.

El caso salió a la luz tras una denuncia de un ciudadano de la comunidad educativa de la Institución Espíritu Santo, ubicada en el barrio Scalabrini, que reportó la paralización de las obras. Estas hacían parte del “Proyecto Construcción y reparación de baterías sanitarias de instituciones educativas del municipio de Cúcuta”, el cual destinó inicialmente $6.000 millones para intervenir 48 instituciones educativas.

El contrato N° 009 de 2021, firmado con el Consorcio Edusanitarias, tenía un valor de $6.192.811.048 para la construcción y reparación de 20 baterías sanitarias, con un plazo de 10 meses y fecha de inicio el 10 de diciembre de 2021. Sin embargo, las obras sufrieron extensos retrasos, y las últimas baterías fueron entregadas en marzo de 2024, excediendo ampliamente el plazo original.

El informe de la Procuraduría señala varias irregularidades, incluyendo deficiencias en la etapa de planeación y en los estudios previos, incumplimiento del cronograma y presupuesto, y una ampliación desmesurada del plazo. Adicionalmente, se mencionó la falta de seguimiento en la ejecución del contrato, lo que resultó en múltiples retrasos en las fechas de entrega.

Asimismo, la Procuraduría identificó variaciones en los diseños que generaron mayores cantidades de obra no previstas inicialmente, con la incorporación de 119 ítems adicionales por un valor de $2.368.362.488, lo que representa un 60.28% del costo directo de las obras contratadas.

En su pliego de cargos, la Procuraduría concluye que Peñaranda incurrió en una “falta gravísima a título de culpa gravísima”, al no cumplir con las obligaciones del convenio y contrato. Este proceso disciplinario será clave para determinar las responsabilidades en las irregularidades que afectaron la ejecución de este importante proyecto educativo.